¡¡POR LA TERCERA REPUBLICA!!
¡¡¡MANIFESTACION EL JUEVES 14 DE ABIRL A LAS 19:00 DE CIBELES A SOL!!
Coincidiendo con el 80 aniversario de la proclamacion de la Segunda Republica, volvemos a la calle a luchar a por la tercera.
¡Por los derechos sociales y laborales!
¡Contra la impunidad del franquismo!
¡Por un estado totalmente laico!
¡Por el derecho de autodeterminación de los pueblos!!
Manifiesto de la convocatoria:
El 14 de abril de 1931, la clase obrera y los sectores populares se pusieron decididamente al frente de su destino, abriendo el período de mayores posibilidades de progreso para las trabajadoras y trabajadores del Estado español. El pueblo tomó las plazas y calles de todas las ciudades del Estado, exultantes de júbilo, tras haber conseguido quebrar la hegemonía de las clases dominantes en el poder–el de la oligarquía terrateniente, la monarquía, el Ejército y la Iglesia–. Alfonso XIII, abuelo de Juan Carlos I, tenía que tomar camino del exilio por imperativo popular.
80 años después nos encontramos en plena ofensiva del gran capital, que ha encontrado en la socialdemocracia un aliado fundamental. El PSOE, con todo su entramado de aliados reformistas, imperio mediático y cúpulas sindicales –que han elevado a nivel de categoría la traición a la clase trabajadora–, ha llevado a cabo la mayor agresión contra los derechos de la clase obrera de las últimas décadas.
El 16 de febrero de 1936, el júbilo del pueblo cinco años antes, se había convertido –tras la brutal represión de la huelga revolucionaria de 1934– en unidad organizada de la clase trabajadora y los sectores democráticos y progresistas. El triunfo electoral del Frente Popular abrió definitivamente el camino hacia una verdadera República de trabajadores, que separaba la Iglesia del Estado, reconocía el derecho de autodeterminación de los pueblos, la reforma agraria, una educación laica y gratuita y programas de alfabetización masiva. Los terratenientes y el capital financiero sólo pudieron responder con la sublevación fascista.
75 años después de aquel triunfo unitario de la clase obrera, el Estado español, herramienta de las multinacionales y miembro del polo imperialista europeo, mantiene oculto el genocidio franquista, echando tierra a pisotones fieros sobre los miles de asesinados que yacen invisibles en fosas comunes y cunetas de carreteras y caminos; mantiene el Concordato con el Vaticano –firmado por la dictadura franquista en 1953 y renovado por la monarquía parlamentaria en 1979– que procura a la Iglesia Católica miles de millones de euros al año en pagos directos y exenciones fiscales; mantiene una política de persecución parapolicial y de corte fascista sobre miles de ciudadanos vascos, cuyos derechos civiles y políticos son sistemáticamente negados; y condena a la miseria a todo el conjunto de la clase trabajadora, negándole a casi cinco millones de personas el derecho a vivir dignamente de su trabajo, expropiando los hogares obreros en beneficio de la banca, forzando a las mujeres, a la juventud y a los inmigrantes a la más denigrante precariedad sociolaboral, y robando los derechos históricos conquistados por la clase trabajadora en casi todos los ámbitos, desde la sanidad hasta las pensiones, pasando por la educación y los derechos laborales.
La crisis estructural del sistema sólo puede tener una salida, y pasa ineludiblemente por una cambio profundo y radical al margen del capitalismo. Ya hemos visto cómo el bloque actual de poder es capaz de asumir toda protesta social que se encuadre en el marco que codifica la Constitución monárquica de 1978. Los sindicatos CCOO y UGT, cooptados por el poder, han traicionado una vez más a los millones de trabajadores y trabajadoras que habían visto en la huelga general del 29 de septiembre un primer paso en la reorganización y en la movilización sostenida y progresiva de su clase.
El denominado “pacto social” es una de las mayores expresiones de la podredumbre política y hasta moral de la monarquía constitucional. El “pacto social” no es otra cosa que el resultado final de la estrategia desmovilizadora sobre la clase obrera por parte de la clase dominante. El “pacto social” es la agresión institucionalizada sobre el conjunto del pueblo, la coartada para el expolio de los derechos históricos de los trabajadores. El “pacto social” es, en definitiva, la estrategia de sometimiento a los intereses de la oligarquía empresarial.
El papel colaboracionista de las direcciones de los sindicatos mayoritarios y de los partidos de la socialdemocracia reformista, que se arraiga en la misma aceptación del marco constitucional proyectado por el franquismo, han de servir para comprender, definitivamente y sin subterfugios, que la articulación obrera y el bienestar de todos los pueblos del Estado sólo podrán ocurrir con la superación revolucionaria del sistema actual; que la “transición” fue tan sólo un cambio de forma en el sistema de dominación capitalista –de dictadura fascista a monarquía parlamentaria–, y las leyes de amnistía fueron amnistía para los asesinos y torturadores, para todos los fascistas que hoy se nos presentan como demócratas de toda la vida.
El Estado español, encabezado en su jefatura suprema por la figura de Juan Carlos de Borbón, es una aberración antidemocrática y una ilegalidad histórica. El derecho del pueblo en su conjunto a gobernarse por sí mismo fue secuestrado tras un golpe de estado fallido y una guerra que pronto dejó de ser civil para convertirse en una guerra nacional y revolucionaria, por su independencia y contra el fascismo internacional.
Por mucho que el aparato de subyugación ideológica de la monarquía parlamentaria española pretenda falsificar la Historia, no podrá jamás borrar que Juan Carlos de Borbón –y su hijo Felipe como pretendido sucesor– es el heredero de Franco, el elegido del fascismo, el sucesor designado por el bando sublevado, que juró defender los principios de un régimen con cientos de miles de asesinados, muchos de ellos aún hoy desparecidos. Juan Carlos I es, por tanto, responsable directo de toda la herencia criminal del fascismo, del genocidio impune de miles de luchadoras y luchadores antifascistas. Y es por esto que, de ninguna manera, puede considerarse ni remotamente legítimo ni justo un sistema político de tal forma constituido.
Mientras los crímenes del fascismo durante la guerra, la dictadura y la "transición" no sean juzgados, aplicando principios de justicia y reparación sin desvinculación de un proyecto político estructural, la memoria democrática, revolucionaria y antifascista de los republicanos seguirá siendo mancillada, perseguida y condenada como lo fueron sus protagonistas.
El Estado monárquico, con la agudización de la lucha de clases –consecuencia de la brutal crisis capitalista– ha optado, después de la destrucción indiscriminada de fuerzas productivas y de los recortes sociales, por la persecución de todo pensamiento que se plantee en términos de ruptura con el actual estado de las cosas. La Audiencia Nacional continúa la labor del Tribunal de Orden Público franquista persiguiendo con la Ley fascista de Partidos, entre otras, a la izquierda más consecuente por su actividad política, al más puro estilo de la Inquisición. Anarquistas, comunistas, antifascistas e independentistas son tratados como herejes y engrosan la cifra de casi un millar de presos políticos en las cárceles españolas. Los cuerpos policiales y militares ejecutan de manera sistemática la represión sobre todo movimiento de resistencia y contestación social. Gran parte del arco de movimientos sociales de la izquierda revolucionaria –desde la juventud independentista vasca, pasando por los antifascistas madrileños, hasta los sindicalistas andaluces– está siendo objeto de una persecución en la calle y en los tribunales que viola por completo incluso las propias leyes del Reino.
La negación del derecho de autodeterminación de los pueblos, la guerra sucia, la represión, la persecución de los militantes y dirigentes y la tortura se muestran como las garantes del mantenimiento de la "unidad nacional" en torno a la figura de Juan Carlos I, llegando al esperpento encarcelando a activistas y a representantes que centran su propuesta en una solución política en un escenario sin violencia, hasta el punto que el propio Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por vulneración del derecho de libertad de expresión, así como por no investigar casos de torturas, haciendo hincapié en la injusta excepcionalidad con que cuenta la figura del Rey.
Así pues, toda vulneración de los derechos de la clase trabajadora y de los pueblos del Estado español tiene sus raíces en la actual configuración estatal, en el sistema de monarquía parlamentaria, herramienta a favor de los intereses del gran capital.
En estos días, en los que el imperialismo europeo y estadounidense han decidido profundizar abiertamente en la guerra y el saqueo de los pueblos árabes, el Estado español, parte integrante del brazo armado del capitalismo occidental y miembro de la Unión Europea, es partícipe del genocidio que los polos imperialistas están llevando a cabo en Irak, Afganistán, Palestina o Libia. El pueblo español, que recibió la más bella muestra de solidaridad internacionalista en defensa de su República, no puede dejar de condenar la agresión imperialista, ni de exigir la inmediata salida del Estado español de la OTAN y de la UE.
Por todo esto hoy, a 80 años de la proclamación de la II República, es irrenunciable la lucha por una III República que no se enmarque en coordenadas de reforma, sino de revolución. El pueblo en su conjunto ha de plantarse a la ofensiva ante la oligarquía capitalista, ante los traidores a la clase obrera; el pueblo en lucha por sus intereses de clase.
No queremos una república que lo cambie todo para que no cambie nada, porque la cuestión republicana no deja de ser el reflejo político en la configuración estatal de las contradicciones de clase en la sociedad. La próxima República habrá de ser la definitiva, culminación de la unión que hace setenta y cinco años hizo soñar a los trabajadores.
Contra toda pervivencia fascista, por la derogación de la Constitución de 1978, por el derecho de autodeterminación de los pueblos, por un Estado laico, democrático y popular. No al pacto social. No a la guerra. Por la unidad de las y los trabajadores. Por la III República.
